Cómo verificamos cada cifra

La Agencia Tributaria publica un servicio de cálculo de retenciones sin autenticación, pensado para que el software de nóminas valide sus números. Le hemos pasado 77 casos repartidos en 9 perfiles familiares, y coinciden todos al céntimo en base de retención, tipo e importe.

La base es lo que más valida: si coincide, es que toda la cadena del artículo 83.3 del Reglamento está bien —las cotizaciones, los 2.000 € de gastos con su límite propio y los tres tramos de la reducción por rendimientos del trabajo— más el mínimo del artículo 84.

Qué no garantiza. El cuadro que decide si se retiene o no —el del artículo 81.1 del Reglamento— tiene 9 casillas: tres situaciones familiares por tres columnas de hijos. Nuestro contraste toca 6 de esas 9.

Las 3 que faltan son la situación 1.ª entera, y ahí la frase exacta importa: no las contrastamos porque no las ofrecemos. Esa situación exige el derecho a la reducción por unidad familiar monoparental del artículo 84.2.4.º de la Ley, que nuestro formulario no pregunta y el motor no aplica. No hay ninguna cifra nuestra ahí fuera que pueda estar mal, que es distinto de tenerla sin comprobar.

Sí está contrastado el cómputo por mitad de los descendientes del artículo 84.2 —de las reglas que más se implementan mal—, con el mismo hijo y el mismo sueldo computado de las dos maneras. Hasta el 4 de septiembre de 2026 no lo estaba, y esta página lo decía.

Y lo que ningún contraste externo puede alcanzar. El número de pagas no se contrasta contra nadie: el formulario XML de la Agencia no tiene ese campo, porque la retención anual no depende de él. Y el tipo mínimo del artículo 86.2 para contratos de menos de un año no lo implementamos, así que tampoco se compara: sería medir una diferencia que ya conocemos en lugar de comprobar el algoritmo.

Y una cosa que aprendimos ahí. Al principio nuestro tipo difería de la AEAT en una centésima. No era criterio: el pseudocódigo que publica la propia Agencia dice que el tipo se trunca al segundo decimal y que el importe se redondea sobre el tipo ya truncado. El artículo 86.1 del Reglamento no lo aclara; el algoritmo sí, con ejemplo numérico.

El CGPJ publica una herramienta de cálculo de indemnizaciones con guía firmada por magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Hemos comparado 42 casos, uno a uno, y coinciden todos al céntimo en el despido improcedente y en el salario diario.

Y no son fechas cualesquiera. Un barrido al azar pasa por donde no hay nada que romper, así que estos casos están dirigidos a las cinco zonas donde un cálculo de antigüedad se rompe: los bordes del tope de mensualidades, el régimen transitorio del 12 de febrero de 2012 —que parte el cálculo en dos plazos—, las antigüedades de días o semanas, los meses de 28, 29, 30 y 31 días, y los años bisiestos. Dos de las cinco están ahí porque el fallo ya ocurrió aquí: nuestro conteo de meses llegó a inventar meses en las antigüedades redondas y a perder meses enteros en las cortas.

La divergencia es a propósito. En las modalidades de 20 días por año nuestra cifra se separa de la suya en menos de treinta céntimos. El motivo es una decisión nuestra: redondeamos los días y calculamos el importe a partir de esos días, para que quien multiplique las dos cifras que publicamos obtenga la tercera. El CGPJ usa los días sin redondear, así que sus dos cifras no cuadran entre sí. Solo aparece cuando los días por año divididos entre doce dan un número periódico: 20/12 sí, 33/12 = 2,75 no.

Y qué no garantiza. Que el CGPJ tenga razón. Ante una discrepancia manda la norma y la sentencia, no la herramienta ajena: cuando su guía nos hizo cambiar la cifra principal, no fue por ser la suya, sino porque citaba tres sentencias del Supremo que nosotros no teníamos. Está contado entero.

Cada comunidad aprueba su escala en su ley de medidas fiscales, y salen de seis boletines distintos, no solo del BOE. No se copian: se comprueban de dos maneras independientes.

Una · se recalcula la cuota publicada. Los boletines publican, para cada tramo, la cuota íntegra acumulada. Nosotros la recalculamos desde cero a partir de los límites y los tipos, y la comparamos tramo a tramo. Si un dígito está mal tecleado, las dos cifras dejan de cuadrar. Dos · cada escala lleva su procedencia dentro del dato —norma, bloque y fecha de vigencia—, no en una lista aparte que alguien tendría que mantener. Por eso la comprobación automática puede recorrerlas sola.

Qué no garantiza. Los mínimos personales y familiares autonómicos no se comparan cifra a cifra. Y el recálculo detecta un dígito mal copiado, no que hayamos elegido la ley equivocada: eso lo dice una persona abriendo el boletín.

No existe ninguna herramienta oficial que calcule la prestación por incapacidad temporal y contra la que podamos medirnos. Las otras tres secciones tienen una segunda opinión; esta no.

Y el problema es anterior: sus cifras no están todas en texto consolidado. El porcentaje se apoya en un reglamento de 1980 que el BOE no consolida y que a su vez se remite a una ley derogada, y la fórmula de la base reguladora no está escrita en ninguna norma: es práctica administrativa.

Por eso cada pieza de ese bloque lleva un campo que dice de dónde viene —consolidada, sin consolidar, o práctica—, y la advertencia que ves en la página sale de ese campo, no de una nota que alguien tendría que acordarse de actualizar.

Qué no garantiza. Que la cifra sea correcta: lo único que podemos ofrecer es la norma citada y el origen de cada dato a la vista. Si algún día existe una herramienta oficial, contrastaremos contra ella y lo diremos aquí.